Mansuy sobre dictamen que prohíbe a colegios subvencionados sancionar por deudas: “El gobierno debe recurrir a un cambio legal”

El 21 de julio de este año, la Superintendencia de Educación emitió el dictamen número 75, que prohíbe a los colegios subvencionados —que todavía pueden cobrar copago— tomar medidas contra aquellas personas que tengan deudas con los establecimientos. En castellano, esto implica que el no pago no tiene consecuencia alguna.

El ministro de Educación, en un extraño caso de realismo mágico, ha dicho que este dictamen no tendrá ninguna consecuencia sobre los colegios porque “no generará ningún efecto”, desconociendo, por supuesto, toda la evidencia.

Cabe recordar que la ley permite, bajo ciertas condiciones, a los colegios subvencionados cobrar copago, lo que naturalmente autoriza también a tomar medidas contra quienes no paguen o no puedan pagar. La intención, por supuesto, es buena y busca ayudar a familias en dificultades.

Pero si el gobierno estima que esto debe ser cambiado, debe recurrir a un cambio legal, porque como la ley autoriza el copago, autoriza también los medios para que éste sea efectivo.

Segunda posibilidad: perfecto, hay que ayudar a las familias, ningún problema, esto es muy razonable. Pero que el Estado ponga los montos que permiten mantener el proyecto educativo, es decir, los recursos indispensables para que esos proyectos educativos subsistan. Lo que no puede hacer el Estado es decir “usted no puede cobrar” y, al mismo tiempo, no reemplazar ese dinero.

Cuando se produjo la polémica respecto del gobierno por decreto eventual de José Antonio Kast, algunos coincidían con esa cuña que un medio tomó mal. Toda la izquierda dijo que gobernar por decreto era equivalente a un régimen autoritario. Pues bien, es exactamente lo que el Ejecutivo está haciendo hoy con este dictamen.