Al menos 150 municipios del país se han sumado a la iniciativa que busca dejar en sus manos la distribución de gas licuado a un menor precio para la ciudadanía, como respuesta a los presuntos hechos de colusión que se han dado a conocer en el mercado.
Dicha propuesta sufrió si primer traspié por parte de la Contraloría General, luego de que emitiera un informe en el que se estipula que -al menos por ahora- las jefaturas comunales no cuentan con las facultades necesarias para gestionar apropiadamente la entrega de gas licuado a bajo costo.
Sobre esta disyuntiva se refirió el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, quien en conversación con CNN Chile, aseguró que desde la organización de corporaciones insistirán en su iniciativa de gas popular pese a la advertencia del ente contralor.
“La respuesta de Contraloría es a una pregunta específica formulada de una determinada manera de algunos municipios en particular. Esto no significa de modo alguno que la totalidad del proceso queda invalidado (…) la ley no establece un listado taxativo de funciones para los municipios”, aseguró.
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El jefe edilicio también apeló al hecho de que al haber un mandato de funciones “generales” para los municipios, existirían varias herramientas que permitirían instalar la distribución de gas popular a bajo costo, como a través de mecanismos de impacto medioambiental.
Respecto a la capacidad técnica y logística de la entidad municipal para garantizar la distribución de gas, Durán apeló al funcionamiento de las farmacias populares, asegurando que hasta la fecha el sistema “ha funcionado” a través de “un proceso de aprendizaje”.
“El origen de esto, es que en un periodo especialmente complejo por la pandemia, hemos visto un mercado que como ha señalado la Fiscalía Nacional Económica, tiene indicios de conductas que podrían afectar la libre competencia y eventualmente, esto es materia de investigación, podría haber colusión”, explicó.
Zamora también apuntó a que “los municipios hemos demostrado que hemos desarrollado capacidades para enfrentar situaciones nuevas”, hecho que según planteó no ha sido “considerado por el gobierno central“.
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