El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió este martes a la detención y formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, involucrada en el Caso Muñeca Bielorrusa, calificando el hecho como un impacto profundo para el sistema institucional chileno y, en particular, para los esfuerzos realizados durante las últimas décadas en materia de transparencia judicial.
“Para el sistema institucional chileno es un golpe muy significativo”, afirmó Cordero, señalando que el caso genera “una cierta desazón en todos aquellos que, durante los últimos 20 años, han hecho esfuerzos por consolidar un funcionamiento transparente de la Corte Suprema”.
Durante la conversación, el ministro también abordó el debate público en torno al tiempo en que se habría contactado a Trinidad Steinert para asumir como ministra de Seguridad, restándole relevancia a la polémica.
“Me parece una discusión artificial e inconducente”, sostuvo, agregando que su evaluación se basa en la experiencia directa del Ministerio de Seguridad con la exfiscal.
“Desde nuestras experiencias con ella, solo hemos sido testigos de garantías de imparcialidad y objetividad”, afirmó Cordero, destacando su desempeño profesional y llamando a diferenciar claramente los roles que ha ejercido en su carrera.
En ese sentido, el ministro advirtió sobre las expectativas que se han generado en torno a Steinert.
“Hay que tener cuidado con exigirle a la futura ministra que realice las mismas acciones que podía ejecutar como fiscal. Son competencias sustancialmente distintas”, explicó.
Advertencia por comparaciones con El Salvador
Cordero también fue consultado por el viaje del presidente electo José Antonio Kast a El Salvador, país que ha sido citado en el debate público por su política de seguridad. Al respecto, el ministro fue enfático en marcar diferencias.
“Uno tiene que tener mucho cuidado con El Salvador, no solo por la forma y el modo en que abordaron la seguridad, sacrificando varias reglas del sistema institucional”, señaló.
Agregó que el contexto en el que se desarrolló esa agenda “no es replicable en otro país de la región”, subrayando que las soluciones en materia de seguridad deben considerar las particularidades institucionales y democráticas de cada país.
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