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Durante la jornada de este jueves se conoció la información que indicaba que desde octubre pasado, tras el inicio del estallido social, no se realiza ninguna fiscalización para la evasión en el Transantiago.

Según indicó Paula Flores, jefa del programa de Fiscalización, durante este tiempo “la labor de los fiscalizadores se focalizó en informar en terreno a los usuarios del sistema, quienes requerían orientación porque debieron obligadamente cambiar su forma de movilizarse, dada la gran cantidad de estaciones de metro que fueron cerradas”.

En conversación con CNN Chile, Franco Basso, director del Centro de Transportes y Logística UDP, dijo que “en octubre, noviembre y diciembre era entendible. Pero ahora es absolutamente impresentable que no tengamos ningún tipo de fiscalización”.

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Respecto al impacto que esto podría tener, comentó que “el problema es cuando esto se alarga en el tiempo, los propios contratos indican que si la demanda baja demasiado, el Estado debe aumentar el pago por pasajero transportado. Eso lleva a aumentos en lo que se les paga a los operadores”.

“Ellos no tienen ningún tipo de incentivo para poder controlar la evasión, en mi opinión, esa es la gran parte del problema. Están en mundo perfecto”, agregó.

Sobre las consecuencias que podría tener el aumento en la evasión, explicó que “como la tarifa está congelada y la evasión está disparada, es muy posible que la única manera de mantener sano el sistema es tener que bajar la calidad, y eso es tremendamente injusto para quienes si pagan”.

Además, añadió que “el déficit de Transantiago alcanzó un récord histórico, sobrepasando los US$800 millones. Estamos frente a uno de los peores años del sistema de la última década”.

 

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