Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2019 la cifra de migrantes internacionales alcanzó los 272 millones en todo el mundo. La pandemia causada por el COVID-19 reflejó una serie de problemáticas al respecto.
Viviana Encina conversó con Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales (UDP), sobre la realidad chilena y sus principales desafíos.
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La abogada manifestó que los migrantes al llegar al país “se encuentran con una normativa que es bastante retrógrada que no se hace cargo de la realidad migratoria y se topan con un país que estaba acostumbrado a que sus ciudadanos emigraran y no a la emigración”.
Migrar ha sido declarado por la ONU y por el derecho internacional como un derecho humano. Sin embargo, este precepto en algunas ocasiones se contrapone a las regulaciones internaciones que cada país posee respecto a la migración.
La experta recalcó que al tratar de poner ambos puntos en perspectiva “lo que obtenemos es que, si bien los países pueden regular sus fronteras, eso siempre tienen que hacerlo respetando los derechos humanos básicos de las personas”.
“Eso incluye el derecho a la salud, a la educación y al libre desplazamiento, cerrar las fronteras es algo completamente contrario a los derechos humanos, lo cual no significa que no puedo regular (…) la regulación es algo correcto (…) pero debe ser adecuada a los tiempos actuales“, enfatizó.
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En cuanto a la situación de la normativa chilena, Vargas reconoció un avance, sin embargo, “todavía hay algunos puntos críticos que tienen que ver por ejemplo con el cambio de categoría migratoria dentro del país”.
“La experiencia demuestra que cuando tienes políticas migratorias restrictivas frente a altos flujos migratorios, lo único que se produce es mayor irregularidad migratoria“, concluyó.
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