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Esta semana, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, retiró de Contraloría el decreto presentado por la administración anterior sobre nuevos requisitos para obtener la residencia temporal.

Para profundizar en el tema, la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, Francisca Vargas conversó con CNN Chile sobre el retiro de la normativa, el que evaluó como positivo.

“La verdad es que este retiro lo evaluamos positivamente precisamente porque el decreto 33, contenía una serie de falencias bastante importantes. Así que nos parece que en buena hora se retiró y esperamos que sea una instancia para arreglar aquellas cosas que no estaban bien”, dijo.

Asimismo, Vargas comentó que en conjunto con el Servicio Jesuita a Migrantes y la Universidad Alberto Hurtado presentaron un documento sobre las falencias de este decreto: “Por ejemplo la ley 21.325 o ley de migración habla de que las personas que estén en Chile con una visa de residencia transitoria que es lo que conocemos como turismo, puede cambiar de estatuto migratorio y la ley establece tres casos, vínculos familiares, casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior y en ciertas situaciones acordes a la política migratoria. Y resulta que este decreto contemplaba precisamente una visa para el caso de vínculo familiar pero no para los otros dos, entonces ahí hay un retroceso. Ahí es donde el decreto se quedaba corto respecto a lo que la ley establece”.

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Bajo la misma línea, agregó que: “La ley habla de visas a niños y niñas y en este decreto no está establecida la manera o el visado especial para niños y niñas. Entonces hay más falencias, hay situaciones desproporcionadas para las personas que quieren pedir una visa por motivos de trabajo, se les exige documentación muy difícil de conseguir y que incluso atenta contra los propios derechos de los empleadores”.

Sobre lo mismo señaló que existe incertidumbre respeto al cambio de la ley y a la administración del Presidente Boric, pero que evalúan esta nueva normativa como negativa. “La verdad es que estamos en una situación un poco caótica porque además del cambio en la ley, además cambiaron las autoridades, no sabemos muy bien cuál va a ser la política del nuevo Gobierno entonces la situación no es sencilla. Pero nuestra evaluación nunca ha sido positiva respecto de esta ley desde el 2013, cuando surgió por primera vez como proyecto de ley. Pese a las reformas que se le hicieron después, siempre hemos pensado que es una ley que se queda corta a nuestra realidad migratoria”.

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