Luego que el Gobierno adjudicó la licitación del litio, el diputado del Partido Socialista (PS) Leonardo Soto señaló que en el proceso “puede haber corrupción” e indicó que la oposición no descarta acudir a la justicia para frenar la tramitación.
En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario sostuvo que “cuesta aventurar opiniones, pero claramente no tiene ninguna justificación porque esta licitación que adjudicó este gobierno, primero, los precios se van a pagar en el gobierno que viene, no se van a recibir el dinero ahora acá”.
“Segundo, va a tener una vigencia, estas cuotas de extracción, no por un año ni por un periodo presidencial, sino que por ocho periodos presidenciales -por 30 años-, pero ya todo se decidió en este gobierno y eso nos parece que, desde el punto de vista político, no tiene ninguna justificación”, agregó.
Al respecto, Soto aseguró que “estas no son cosas inhabituales, no son inusuales. Esto ocurre y ha ocurrido muchas veces: cuando los gobiernos salientes antes de entregar buscan dejar amarrado distintos tipos de situaciones para que sobrevivan en el tiempo por muchos periodos presidenciales”.
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“Sí, puede haber corrupción”
En ese sentido, el diputado comentó que este tipo de medias las hizo la dictadura de Augusto Pinochet “con las famosas leyes de amarre, algunas de esas se dictaron un día antes de entregar el gobierno, y este gobierno también lo está haciendo con estos contratos a largo plazo amarrados, como estos y algunos otros de licitaciones de carreteras”.
“¿Aquí puede haber corrupción? Sí, puede haber corrupción. Esto es un caso tipificado a nivel internacional de que en las postrimerías de los gobiernos son donde se producen los mayores actos de corrupción precisamente con este tipo de conductas”, afirmó.
“No nos podemos quedar de brazos cruzados”
Bajo ese punto, el periodista Sebastián Aguirre le preguntó a parlamentario si lo que está planteando es que la situación amerita una comisión investigadora. “Nosotros como Poder Legislativo no nos podemos quedar de brazos cruzados y hemos tomado cartas en el asunto, y hemos iniciado un conjunto de iniciativas para fiscalizar este tipo de decisiones del gobierno en sus postrimerías”, respondió.
“Lo primero que hicimos fue ir a Contraloría. Ayer un conjunto de parlamentarios representativos de todo lo que es la oposición sin excepciones, presentamos un reclamo al contralor y le hicimos ver no nuestro cuestionamiento político, sino que le hemos hecho ver que en esta licitación hay graves vicios constitucionales y legales que hacen que el proceso sea completamente anulable, que tenga que frenarse, que tenga que suspenderse, toda vez que ninguno de estos contratos tan millonarios puede haberse infringiendo la Constitución y las leyes, y eso ha ocurrido en esta licitación”, agregó.
De este modo, el diputado apunto que, como oposición, “no descartamos ejercer otras iniciativas legislativas en el Congreso -comisión investigadora, interpelaciones- y tampoco descartamos la vía judicial, porque el Poder Judicial también tiene la capacidad de anular actos de Ejecutivo cuando se han cometido con graves vicios constitucionales y legales”.
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