En paralelo a los aires de acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, el senador Alejandro Guillier (Ind) revivió una cuestión dejada en pausa en 2020: la destitución del mandatario por inhabilidad a raíz de un impedimento físico o mental.
En conversación con CNN Chile, el parlamentario por la circunscripción 2 profundizó en la consulta hecha por el diputado Jaime Mulet (FRVS) el año pasado, cuando planteó a la comisión de Constitución cómo operaría una medida de este tipo en caso de aprobarse.
“(Mulet) Me pidió que lo reflotara porque hace más de un año que solicitó que la comisión de Constitución, que preside el senador Pedro Araya, se pronunciara que hizo sobre cómo opera lo establecido en el articulo 53, donde se establecen las atribuciones exclusivas del Senado en el numeral 7″, explicó el senador.
El artículo 53, número 7 dice que es atribución exclusiva del Senado: “Declarar la inhabilidad del presidente de la República o del presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional”.
En ese sentido, la intención de este resurgimiento de la acción senatorial es que se despeje algo establecido en la Constitución.
Asimismo, no es necesariamente un “impedimento mental” el que estarían esgrimiendo, sino más bien el “impedimento material”, que según Guillier requiere explicación para conocer exactamente cómo podría ser aplicado.
“Lo importante es saber que ese mecanismo existe, pero no tiene una clara explicación. La ciudadanía no lo conoce y probablemente muchos parlamentarios tampoco. Por eso que es necesario que se despejen las preguntas que hizo el diputado Jaime Mulet”, añadió el senador.
Por otro lado, el ex candidato presidencial insistió en el “desgobierno” de la administración de Piñera, señalando que los cacerolazos ni “el deterioro del orden público”, sino “la insensibilidad” del Ejecutivo lo que mantiene una situación económica compleja entre las pymes y las familias.
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