Hay buenas razones para pensar en una reforma a la indemnización por años de servicio. Es un sistema que sólo beneficia entorno al 8% de los trabajadores, y que crea incentivos perversos para empleadores que buscan fórmulas para evitar el pago, y empleados obligados a quedarse en un trabajo que puede no ser el ideal, para no perder ese dinero.
Es un sistema del siglo 20, pensado para una economía predecible, con puestos de trabajo estables, pero que se adapta mal a la realidad de un siglo 21, en que la creación y la destrucción de empleos se va a producir vertiginosamente, y en que las personas deberán reinventarse constantemente durante su vida laboral.
Alternativas como la media indemnización, pero pagadera a todo evento, o un seguro de cesantía reforzado, pueden ser útiles para muchos trabajadores. Pero este debate es difícil, porque la sola mención del tema resulta explosiva.
El problema de fondo es la desconfianza. Muchos trabajadores simplemente no confían en que una reforma al sistema los tenga a ellos en el centro de la preocupación.
Es una desconfianza que tiene base. Hemos visto cómo el poder del dinero hace sentir su influencia a la hora de legislar en el Congreso, y por eso son muchos los que prefieren que las cosas sigan como están, antes de una reforma que -sospechan- podría tener gato encerrado.
Es tarea de los políticos, los empresarios y los dirigentes sindicales romper esas desconfianzas, y alimentar un debate transparente, sin cocinas ni negociaciones oscuras. Uno en que los trabajadores puedan confiar en que una eventual reforma no se va a hacer para quitarles derechos, sino para ampliar su protección ante un mercado laboral cada vez más incierto.
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