Defensoría Penal Pública por fallo contra el Ministerio de Seguridad: “Existía una interpretación errónea de la Ley de Seguridad del Estado”

La defensora nacional, Verónica Encina Vera, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió el recurso de amparo de la Defensoría Penal Pública, declarando inadmisible la ampliación de la querella del Ministerio de Seguridad Pública que invocó la Ley de Seguridad del Estado en el marco de la agresión que sufrió la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Valdivia.

En ese contexto, destacó que “estamos satisfechos” y detalló que actualmente están a cargo de la defensa de dos imputadas en esta causa.

“Como Defensoría no nos podemos pronunciar sobre las causas en particular. Obviamente, siendo la institución que participó en este logro procesal, nos parece que eso es muy favorable porque se está haciendo valer un derecho de estas dos personas, que son nuestras representadas”, destacó.

En esa línea, explicó: “De lo que se trata acá es del ejercicio y aplicación de la ley. Aquí la Defensoría detectó que existía una interpretación, a nuestro juicio, errónea de la Ley de Seguridad Interior, que establecía la facultad de querellarse. Como antes el Ministerio del Interior y Seguridad Pública eran uno solo, puede haber interpretaciones diversas, pero a juicio de la Defensoría la ley era clara en mantener esta facultad de querellarse solo en el Ministerio del Interior. Así lo hicimos ver y así lo entendió también la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia”.

Consultada por la periodista Matilde Burgos respecto de qué implica este pronunciamiento de la Corte para los estudiantes, afirmó: “Lo que cambia particularmente en su caso es que la querella que se interpuso en su momento quedó sin efecto en su admisibilidad. Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad ya no es parte en el proceso”.

Y agregó: “Al querellarse por Ley de Seguridad Interior, lo que estaban haciendo era interpretar que el hecho cometido correspondía a un delito contemplado en esa ley, y no a un delito de menor gravedad, que es el que se imputó inicialmente por el Ministerio Público, que es un delito común, por así decirlo”.

Sin embargo, no descartó eventuales acciones judiciales por parte del Ejecutivo.

“Lo que está diciendo la Corte es que el Ministerio de Seguridad no tiene las facultades, pero sí las tiene el Ministerio del Interior. Por lo tanto, existe la posibilidad de que ellos ejerzan igualmente esa acción, sin perjuicio de que, obviamente, para la Defensoría es importante haber obtenido jurisprudencia en este sentido, porque el ministerio podría entender que puede querellarse en otros casos también”, concluyó.