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Un rol fundamental es el que han adoptado durante los últimos días los jueces del Poder Judicial en el contexto de denuncias por abusos policiales que han surgido en medio de las protestas y manifestaciones que se han tomado el país la última semana.

Entre ellos se encuentra el juez Daniel Urrutia, del 7º Juzgado de Garantía de Sanitago, quien junto a Darwin Bratti acudieron ante la denuncia de un presunto centro de torturas al interior de la estación Baquedano del Metro.

En conversación con Fernando Paulsen en CNN Chile, explicó que con respecto a su desempeño que “lo primero que hay que señalar es que el Poder Judical durante la dictadura cívico-militar omitió sus funciones y eso permitió que mucha gente que hubieran graves violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema reconoció esta situación y eso marcó un antes y un después”.

El magistrado indicó que desde entonces al interior del Poder Judicial se han realizado capacitaciones en derechos humanos para todos sus integrantes.

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“Efectivamente nosotros estamos preocupados de que no vuelva un Poder Judicial a ser omiso ante las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo porque en este momento se están violando los derechos humanos de gran parte de la población”, dijo, y aseguró que “no habrá abuso sin sanción”.

Con respecto a la denuncia de la estación de Baquedano, Urrutia explicó que “nosotros recibimos la comunicación de un abogado que nos interpone un recurso de protección señalando que habrían personas detenidas en esta comisaría, que está en el interior del metro estación Baquedano, que habían sido golpeadas, torturadas, incluso se hablaba de que estaban colgadas”.

“Atendida la urgencia, el tribunal se comunicó con el juez preferente y se partió inmediatamente con la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. No encontramos a nadie detenido en ese momento, a nadie colgado. Lo que hay es una entrada de 30 metros que no tiene vigilancia a través de las cámaras de seguridad, la comisaría tiene cámaras de seguridad pero esos 30 metros no están vigilados”, agregó.

El juez agregó que la entrada del lugar se encontraba lavada, que habían limpiado, y que de acuerdo al denunciante, “él dice que fue agarrado por los funcionarios, le dispararon perdigones, lo arrastraron hasta esa entrada que está por Bustamante y que ahí él observa que hay tres personas colgando en una especie de latas que hay”.

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“Cuando uno baja se da cuenta que efectivamente hay unas latas que son las que llevan las ventilaciones y otras cosas y que hay situaciones donde se cuelgan estos mismos tubos. cuando nosotros constatamos esta situación no había nadie colgando ni un rastro de que alguien lo hubiera estado. Pero ese no es el punto, el punto es que nosotros nos constituimos cuando hubo una denuncia en forma inmediata y eso se hará siempre“, continuó.

Urrutia relató que en el lugar había dos amarras plásticas rotas y que eso constituye una situación irregular dado que Carabineros no utiliza dichos elementos y que esto es materia de investigación.

Por otro lado, el magistrado indicó con respecto a las muertes ocurridas por actuar de los agentes del Estado, que “cada uno de los casos por muertos y heridos tiene va a tener una investigación individual”. “Todos y todas tienen la misma dignidad y cada abuso es una causa abierta del Ministerio Público”, cerró.

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