Hoy comenzó el juicio contra Rafael Garay. Se le acusa de 29 estafas por un total de $1.800 millones, por lo cual la Fiscalía pide 8 años de cárcel.
También hoy, la justicia aprobó el acuerdo entre la Fiscalía y el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, quien recibió tres años remitidos por dos delitos de soborno a parlamentarios.
Garay todavía no es condenado, pero ya está por cumplir dos años en la cárcel, en prisión preventiva. En el caso de Mujica la jueza en su momento negó esa prisión aduciendo que la pena para su delito es demasiado baja, y ahora que se le condenó no pasará un solo día en la cárcel.
Es interesante el contraste. Como sociedad, consideramos muy grave que un particular estafe a otros privados, tanto como para meterlo a la cárcel por dos años cuando aún goza de presunción de inocencia.
En cambio, que un gran grupo económico compre a dos parlamentarios para torcer a su favor la voluntad popular y las leyes de la República, nos parece un asunto legalmente de bagatela.
Por una estafa de $1.800 millones, todo el peso de la ley. Por la corrupción en una ley que ha entregado a las pesqueras licencias por $513 mil millones al año, toda la comprensión de una pena menor.
¿Quién de los dos, Garay o Mujica, provocó el mayor daño a nuestra sociedad? ¿Quién, el que estafa a 29 personas o el que corrompe nuestras instituciones políticas en provecho del poder económico? Es un contraste sobre al cual vale la pena reflexionar.
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