Presionado por un ultimátum del gobierno, el superintendente del Medio Ambiente ha formulado cargos contra ENAP por infracción gravísima en el caso Quintero, una acusación que podría llevar a revocar su aprobación ambiental o clausurar la planta.
La petrolera es la única empresa acusada. Y cuesta confiar. Cuesta confiar en autoridades que primero le echaron la culpa a ENAP, luego matizaron o se desdijeron, pidieron esperar, y ahora vuelven a la carga contra la empresa estatal como única responsable.
Cuesta, porque no se midieron los contaminantes en el momento, y porque hay serias dudas sobre la idoneidad de quienes han operado esos equipos.
Cuesta, porque la superintendencia ya responsabilizó a operaciones de ENAP y las clausuró hace dos semanas, y pese a ello las intoxicaciones han continuado.
Cuesta, porque recién ayer tuvimos a más de 100 niños y jóvenes intoxicados y no tenemos la más remota idea de qué les pasó, qué contaminantes se emitieron, ni mucho menos de quién o quiénes son los responsables de lo que pasó ayer.
Cuesta confiar, cuando las autoridades dan palos de ciego, y parecen ansiosas por apuntar con el dedo, ojalá cortando el hilo por lo más delgado, y así dar por terminada esta crisis.
Cuesta confiar en que esto no sea más que un maquillaje para tapar una herida que es profunda y es vergonzosa: la impotencia del Estado para proteger a los niños, las mujeres y los hombres de Quintero y de Puchuncaví.
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