Hoy comenzaron en el Tribunal Constitucional (TC) los alegatos por la venta del 24% de SQM a la china Tianqui, que ya fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Chocan los intereses de Julio Ponce, que quiere mantener su primacía en SQM, y los chinos, que ya controlan la mayor productora del mundo, en Australia.
El ministro de Minería dijo hoy que la Fiscalía y el TC están defendiendo los intereses de Chile. Pero esa es una confusión de roles. Ellos se limitan a cumplir la ley en sus respectivos ámbitos: libre competencia o constitucionalidad que, por supuesto, no incluyen pensar una política nacional para el litio.
Los que deberían estar defendiendo los intereses de Chile son el gobierno y el Congreso. Es ahí donde debería estarse dando un debate abierto sobre un tema clave para nuestro futuro. ¿Debía crearse una empresa nacional del litio? ¿Había que volver a licitar a privados las reservas del salar de Atacama? ¿Era correcto o un mal necesario confiar en SQM? ¿Había que permitir que los chinos entraran a la propiedad?
Ese debate jamás se dio, ni en dictadura ni en democracia. Y ahora, de nuevo somos meros espectadores de una controversia legal, en que las autoridades políticas se lavan las manos. ¿Y los intereses de Chile? Mal, gracias.
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