14 muertos, 580 mil hectáreas quemadas y un pueblo entero, el de Santa Olga, arrasado. Ese infernal verano de 2017 es inolvidable, aunque es incierto saber si realmente aprendimos las lecciones de esa tragedia.
Había consenso, ese verano de 2017, que la institucionalidad de Conaf, una entidad de derecho privado, no daba el ancho. El cambio es urgente, decían todos. Sin embargo, a casi 2 años, eso no ha cambiado, y un proyecto de ley avanza a paso vacilante en el Congreso, con el rechazo de los profesionales de la Conaf que lo califican como “horroroso”.
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También, hace poco conocimos el “cartel del fuego”, la colusión entre empresas para repartirse contratos, y la propia Conaf denunció también un millonario déficit interno. Un mercado poco transparente que aviva las dudas sobre el buen uso de los recursos disponibles para prevenir y combatir el fuego.
Estos días hemos visto como Portugal restringe el monocultivo tras una serie de letales incendios, incluso con el presidente de ese país arrancando con sus propias manos frente a las cámaras brotes de eucaliptus. En Chile, el debate sobre la responsabilidad de esas plantaciones en cambio ha avanzado poco, en un tema complejo que mezcla evidencia científica contradictoria con los intereses de la poderosa industria forestal.
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Es, sin dudas, un tema de máxima prioridad para el futuro de Chile. Como nos recuerda por estos días la tragedia de California, el cambio climático aumenta cada temporada el riesgo. Un riesgo que recordamos cuando se enciende el fuego, pero que olvidamos apenas se acaban las llamas.
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