Los servicios públicos en manos del Estado son ineficientes y no hay inversión suficiente, por lo tanto, funcionan mal. Esa idea repetida como mantra ha justificado la privatización de los servicios públicos por décadas en nuestro país.
Sin embargo, empresas concesionadas que son internacionales y propiedad del Estado de sus países, el caso de Italia si hablamos de Enel, el caso de China si hablamos de la CGE, que operan como un monopolio natural, llevan años incumpliendo la más elemental de las funciones: asegurar el servicio eléctrico y hacer las inversiones necesarias para restituirlo a la brevedad en caso de temporal o crisis como la que hemos vivido.
Hasta seis días tendrán que esperar más de 400 mil hogares para que vuelva la luz a sus casas. La gente sin luz está desesperada no solo por lo evidente, sino también por la falta de respuesta que incluye la imposibilidad de mencionar a la empresa Enel en las publicaciones de redes sociales. Insólito.
Hace algunos meses el principal ejecutivo de Enel, Giuseppe Turchiarelli, aseguraba que, “si queremos de verdad acelerar la transición energética, necesitamos cambiar la regulación. Hoy no da un incentivo a invertir”.
¿Está la empresa condicionando sus inversiones a cómo salga la ley? ¿La cantidad de cuadrillas y operarios disponibles para reparar la infraestructura dañada o soterrar los cables depende de cuán a gusto o disgusto esté la compañía con las decisiones políticas que se toman en Chile?
A Enel hasta ahora les sale gratis incumplir: los procesos son lentos y las multas bajas. Veremos qué resultado tiene una nueva ofensiva legal de 32 municipios y la gobernación metropolitana contra la empresa Enel.
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