Ultimátum. Esa fue la palabra que usaron los funcionarios de Gendarmería para exigir una reunión inmediata con el ministro de Justicia. De lo contrario, iniciarían un paro nacional.
El gobierno dice que está dispuesto a dialogar, pero representado por la directora de Gendarmería, y dejando en claro que “en democracia no existen los ultimátum”.
Hay, por cierto, demandas urgentes de los gendarmes. A casi 8 años de la tragedia de la cárcel de San Miguel, un informe de la Corte Suprema denunció hacinamiento del 88% en la ex Penitenciaría. Los reos pueden pasar hasta 16 horas encerrados en sus celdas y sin comida, condiciones que favorecen la violencia y el descontrol.
Pero esta movilización no fue gatillada por esos problemas, sino por la formalización de un gendarme por su eventual responsabilidad en el caso de torturas contra dos presos ecuatorianos. Tras ello, los gendarmes acusaron las “criminalización” de los funcionarios.
No es la primera vez que gendarmes son cuestionados por hechos de violencia. Hace apenas dos meses, 6 funcionarios fueron condenados en Chillán por aplicación de tormentos, y antes, 18 gendarmes recibieron condena por el mismo delito en Rancagua.
Los gendarmes tienen razón en exigir soluciones urgentes para la crisis penitenciaria. Pero no se debe mezclar esa legítima demanda con impedir que la justicia investigue todos los casos de violencia en las cárceles, sean los gendarmes víctimas o victimarios.
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