Carolina Urrejola analiza el Caso Audios: “Abre una oportunidad para mejorar los estándares de los sistemas de nombramiento”

Este miércoles los y las jueces de la Corte Suprema realizarán un pleno extraordinario para analizar un tema que los complica: las revelaciones del llamado “Caso Whatsapp“, en que la Fiscalía investiga una eventual violación de secreto y tráfico de influencias.

La trama indica posibles relaciones irregulares entre políticos y jueces para la nominación de determinados supremos.

Las implicancias de lo que se debata el miércoles son amplias. Los jueces son nombrados en un proceso político que depende del Gobierno y del Senado.

A su vez, los supremos deciden el nombramiento del Fiscal Nacional; y hay otros cargos, como los notarios o los conservadores de bienes raíces, que dependen de la justicia. Por eso, no es extraño que surjan operadores para lograr tales nombramientos o derechamente, gestiones que cruzan el mundo político y el judicial.

No es extraño, pero no es deseable, desde la perspectiva de la probidad. En eso, la ley es explícita y por eso, el Ministerio Público ha decidido investigar.

Los ministros Mario Carroza, Angela Vivanco y María Teresa Letelier han sido señalados como gestores o beneficiarios de peticiones supuestamente irregulares.

Mario Desbordes y Alberto Espina también aparecen en los WhatsApps con el investigado exjuez Juan Poblete.

Y mientras algunos niegan cualquier ilícito y otros reconocen que es una práctica habitual, lo relevante es cómo se pueden mejorar los estándares de los sistemas de nombramiento para evitar eventuales conductas de corrupción.

Este caso abre una oportunidad.