Los diputados Frank Sauerbaum y Eduardo Durán anunciaron que recurrirán a la Contraloría porque dudan de la legalidad del financiamiento de la película El que baila pasa. Dicen que promueve ideologías y hacen apología a la violencia y, por lo tanto, no corresponde que reciban dinero fiscal. $55 millones en este caso.
La película de Carlos Araya y María Paz González recopila una serie de registros virales de lo que ocurrió en las calles después del estallido. Según sus autores, busca exponer el delirio, la ternura y el absurdo que se vivieron esos días. Para los críticos, es un filme que no cuestiona críticamente la violencia y es, por ende, octubrista.
Lo valioso de una obra artística es que puede provocar reacciones, debate y reflexión, que fortalecen la vida en común. Todo tiene un límite, por cierto. Como en una exposición en Valparaíso que utilizó letras arrancadas a la fachada de una institución, precisamente en el contexto del estallido que fue bajada. No parece muy criterioso facilitar recursos del Estado para algo así.
Pero son necesarias todas las miradas sobre lo que nos pasó como sociedad hace casi cinco años. Pretender evitar que el Estado financie obras -buenas o malas- que aluden a esos hechos, más bien parece un intento por cerrar un debate que está lejos de cerrarse. Un intento miope de querer tapar el sol con un dedo.
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