Fernanda Bachelet, la agregada comercial en Nueva York que fue designada por el presidente Sebastián Piñera en junio, recibió un aumento de sueldo de $1,6 millones al ser promovida a funcionaria de planta. La ingeniera comercial de 27 años es hija de un socio y viejo amigo del mandatario.
El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, estuvo en 360° y, aunque dijo no estar familiarizado con el caso, expresó que la meritocracia y los concursos públicos para acceder a cargos públicos son “el principal desafío que enfrenta Chile“.
“Es un desafío que siempre está en los programas de gobierno, que siempre está en las campañas presidenciales, que siempre está en el consenso político, y que siempre termina diluyéndose“, agregó.
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Larraín afirmó que no hace ningún reproche a que personas jóvenes ejerzan liderazgos relevantes en agencias públicas del Estado, pero “tiene que haber mecanismos a través de concursos, ojalá que las mejores personas tuvieran incentivos para postular a esos cargos públicos”.
Modernización del Estado: Deuda
El presidente de la Sofofa sostuvo que la modernización del Estado es el principal rol de la política “y probablemente sea la principal deuda”.
“Lo mismo ocurre con la descentralización. Hicieron la pega fácil, la pega popular, que es establecer intendentes que se elijan democráticamente, que se llaman hoy día gobernadores. Pero la pega difícil, que es definir qué competencias van a tener, qué atribuciones, qué manejo de presupuso van a tener, no se ha hecho”, añadió.
Uno de los temas más relevantes en la modernización, a su juicio, es introducir un proceso técnico al proceso prelegislativo y legislativo para que “se establezcan ciertos lineamientos para realizar los informes de impactos financieros y que se cuente con la opinión de los agentes regulados“.
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Paro portuario: Mala señal del Gobierno
Larraín realizó una crítica al rol del Gobierno en el conflicto portuario. Según “fue una mala señal” ya que “da cuenta de un Estado que no está siendo capaz de procesar la complejidad, porque hay que distinguir entre los legítimos derechos que expresa un grupo de trabajadores y, por otra parte, bloqueos ilegales del acceso a un puerto, o manifestaciones de violencia en las calles de Valparaíso”.
“Si se valida esa forma de manifestarse, es un precedente muy complicado”, afirmó.
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