Por Daniel Matamala
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Publicado por
CNN
“Pone en riesgo la vigencia del Estado de Derecho”. Esa es la explosiva frase con que la Corte Suprema reaccionó a la acusación constitucional que preparan diputados de oposición contra 3 ministros del tribunal, que concedieron libertades condicionales a condenados por delitos de lesa humanidad.
Los supremos consideran que esta acusación es una forma de revisar estos fallos, afectando la autonomía de la justicia. Los diputados les responden que han violado tratados internacionales que son parte del orden jurídico, y que por ello se justifica una acusación por notable abandono de deberes.
Es cierto que la acusación entra en terreno pantanoso, porque, más allá del lenguaje jurídico, es obvio que se pretende castigar a los jueces por un fallo, enviando así un mensaje político a los supremos sobre cómo decidir en casos similares, a riesgo de ser destituidos.
Pero el lenguaje de los jueces tampoco parece prudente. El estado de derecho incluye chequeos y balances entre los poderes del Estado: el Ejecutivo puede ser destituido por el Legislativo, y los parlamentarios pueden ser desaforados por los jueces. La autonomía de los supremos también tiene un contrapeso en la acusación constitucional, y el estado de derecho es bastante más que una controversia puntual entre dos poderes del Estado.
Tal vez lo más razonable sería que los jueces evitaran declaraciones altisonantes, y los diputados exploraran otras vías, como cambios legales para evitar la libertad de criminales de lesa humanidad.
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