Una vez más la naturaleza impuso sus condiciones y terminó como tantas veces. Poblaciones aisladas, victimas fatales, desaparecidos y -otra vez- el corte de agua potable para cerca un millón y medio de personas en la Región Metroplitana.
Corría el año 2008 cuando un primer episodio llevó a la Superintendencia a exigir a la empresa Aguas Andinas estanques para mantener el abastecimiento a la población. Los santiaguinos pagaron en las cuentas las obras que se inauguraron en 2013, pero en enero de ese mismo año nuevos aluviones declararon obsoletas las obras.
Entonces un nuevo diagnóstico concluyó la necesidad de grandes estanques de reserva que aseguren el abstecimiento de la población por unas 32 horas. El proyecto ingresó solo en 2016 para el estudio de impacto ambiental y se estima que estaría listo en 2019.
En el intertanto se produjeron dos nuevos episodios, incluido el del año pasado que afectó a unos 4 millones de santiaguinos durante 2 días. Son fenómenos de la naturaleza, pero previsibles y el calentamiento global explica su recurrencia. Por lo tanto, nadie sabe cuantos podrían generarse en los próximos 3 años, cuando la burocracia, desidia o negligencia permita -luego de 1 década- asegurar el suministro básico para niños, enfermos y población vulnerable.
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