5 días antes de asumir, el nuevo gobierno tuvo su primera baja. Juan Manuel Toso renunció a su nominación como subsecretario de Redes Asistenciales.
Toso había sido sancionado por el Colegio Médico por las irregularidades en entregas de becas de dermatología, incluida una para su hija, cuando era director del servicio metropolitano sur.
Un error no forzado que nos recuerda los tres casos similares que tuvo la Pdta Bachelet: las subsecretarias de Educación y Fuerzas Armadas, y un designado en Segegob, debieron renunciar antes de asumir sus cargos.
La acertada decisión de que Toso no asuma demuestra que los estándares que debe cumplir una autoridad van mucho más allá de lo legal: Toso no cometió ningún delito, pero sus acciones lo inhabilitaban política y éticamente para asumir.
Un reconocimiento importante considerando que durante la campaña tanto el ahora Pdte electo como sus voceros y partidarios se quejaron repetidamente de ser criticados por conflictos de interés y actuaciones cuestionables. se decía que el respeto a la ley era la única vara exigible.
Al aceptar la renuncia de Toso, hoy han admitido que los estándares son mucho mayores a sólo no cometer delitos. Y ese es un avance que se debe valorar.
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