Es quizás la única de las reformas del Gobierno que el mundo económico espera con ansias: La reforma a la denominada “permisología“.
En conversación con CNN Chile, el ministro de economía, Nicolás Grau, entregó algunas de las principales medidas que va a contemplar la iniciativa, donde una en particular fue muy bien recibida, el reemplazo de más de 90 permisos que hoy se deben solicitar para distintos proyectos por declaraciones juradas.
“Un proyecto que tiene decenas de permisos sectoriales, va a tener un subconjunto de esas decenas de permisos que van a ir por este carril de declaraciones juradas. Y eso entonces va a reducir los tiempos de ese proyecto en particular. El total de permisos que se van a tener que entregar va a ser menor”, expresó el secretario de Estado.
Es decir, serán las mismas empresas involucradas en cada proyecto en particular las que deban certificar el cumplimiento de la normativa respectiva. Medida que fue valorada positivamente por distintos gremios, ya que tendría el potencial de bajar los tiempos de tramitación de un proyecto de inversión.
“Me parece una muy buena medida. La estimación que está haciendo el Gobierno es que por esta vía se debieran disminuir aproximadamente el 30% de los tiempos, y a mí me parece que eso es una tremenda señal para poder estimular la inversión“, señaló Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI.
“Valoramos los esfuerzos que el Ministerio de Economía está haciendo por simplificar los permisos sectoriales, ya que esto va a cortar los tiempos de espera que tenemos hoy día las empresas y las industrias que queremos invertir en el país”, dijo Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa.
“Cuando uno transforma permisos en declaraciones juradas, puede haber un espacio para que esto sea bastante más expedito y tiene la potencialidad de disminuir los tiempos de tramitación y de alguna manera los cuellos de botella. Por lo que sabemos hasta ahora, es un proyecto que va en la línea correcta y que nos encantaría que se presente lo antes posible para poder tener obviamente mayor de detalle”, manifestó Nicolás León, gerente de Estudios de la CChC.
Se trata de un voto de confianza en medio de un complejo momento para la reputación empresarial, debido a los distintos hechos de corrupción que han salido a la luz, pero también podría distender las relaciones entre los empresarios y el Gobierno. Visión compartida por el Gobierno donde se entiende que es un riesgo que se debe asumir.
“Lo importante es entender que cada uno de estos permisos, estos 380 permisos sectoriales, buscan salvaguardar algo, pero a veces el riesgo es suficientemente bajo como para poder tener un sistema de autorregulación en que no se baja el estándar, pero es la empresa la que certifica que está cumpliendo el estándar que la ley busca proteger”, agregó el ministro Grau.
La recomendación de los expertos es que las consecuencias de infringir esa declaración jurada cumpla con los mismos estándares de responsabilidad que la recientemente promulgada Ley de Delitos Económicos. La medida debería ser presentada, según el plazo autoimpuesto por el Gobierno, antes de este fin de año.
Deja tu comentario