La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la gestión de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), por lo que envío los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El informe final elaborado por el Departamento de Auditorías Especiales del ente regulador señala que la organización presidida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, no cuenta con estados financieros ni antecedentes bancarios que respalden en qué ha sido invertido el dinero utilizado para su desarrollo.
En concreto, el documento dice que los fiscalizadores no pudieron acceder a los estados financieros de la asociación correspondiente al periodo entre 2019 y 2020, ni a los informes de rendición de cuenta anual, debido a la nula respuesta de los involucrados.
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De este modo, Contraloría no pudo verificar la situación financiera y patrimonial de las farmacias populares pertenecientes a la Achifarp.
El documento también señala que hay falta de respaldos e información de finanzas correspondiente a los antecedentes contables de compras y ventas.
Por otra parte, la Contraloría cuestiona que durante la fiscalización “no se obtuvieron los procedimientos para la adquisición de medicamentos, canalización, registro y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”, ni el escrito que indica cómo se contabilizan las cuotas mensuales sociales que deben pagar los municipios que forman parte de la asociación.
Tampoco se detectó cuáles son los inventarios y la valorización de los medicamentos que son adquiridos por este tipo de farmacias.
El ente regulador también dio cuenta que existen irregularidades en las finanzas respecto a las cuotas sociales de seis municipios, cuyos montos no están citados en registro de ingreso de la Achifarp.
Por esta razón, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ordenó que los antecedentes sean puestos a disposición del CDE y que se analicen eventuales querellas por malversación de caudales públicos o fraude al Fisco contra quienes resulten responsables.
Finalmente, el documento de Contraloría informó la apertura de sumarios a los municipios de Recoleta y Macul (comuna administrada por el alcalde Gonzalo Montoya) tras detectarse irregularidades en los convenios firmados para la adquisición de Avifavir e Interferón, medicamentos para supuestamente tratar el COVID-19.
Además, se acusó haber encontrado 1.299 dosis de Interferón en el municipio de Recoleta, pese a que el Instituto de Salud Pública (ISP) había prohibido la fabricación, comercialización y distribución del medicamento “por ser un riesgo para la salud de la población ordenando su destrucción”.
“Esta materia será incorporada en un sumario que iniciará la Contraloría en Recoleta y de Macul, donde se considerará el sumario sanitario abierto por el Ministerio de Salud”, dice el escrito.
La Contraloría también apuntó a un convenio firmado entre la asociación y el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) para la asignación de ayudas técnicas, debido a que no se relaciona con el objetivo de las farmacias en cuestión.
Fue así como el ente regulador declaró ilegal el acuerdo que supera los $613 millones y abrió un sumario en los municipios de Recoleta, Paillaco y el servicio.
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