La FNE presentó una denuncia por colusión en el mercado de gases industriales y medicinales que involucra a las empresas trasnacionales y que habría afectado a hospitales durante pandemia de coronavirus.
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) condenó la presunta colusión de Indura y Linde en el mercado de gases industriales y medicinales, y manifestó que los responsables deben ser sanciones “con el máximo rigor de la ley”.
Durante la tarde del lunes, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) recibió una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que involucra a las dos compañías que supuestamente habrían llegado a un acuerdo entre los años 2019 y 2021, lo que habría perjudicado monetariamente a hospitales, incluso durante la pandemia de coronavirus.
Según la acusado que presentó la FNE, estas compañía habrían pactado mantener un acuerdo que no afectara su relación con los clientes y evitar así disputarse entre sí, lo que podría haber llevado a un aumento en los precios cobrados.
En detalle, se sostiene que ambas trasnacionales acordaron asignarse zonas, estableciendo así una situación anticompetitiva que contraviene las normas del libre mercado y las reglas esperadas de cumplimiento por parte de las empresas.
La práctica habría afectado a una amplia variedad de sectores, como la industria metalúrgica, papelera, forestal, construcción, acuícola, alimentaria, farmacéutica, minera, petrolera, siderúrgica, vidriera, hospitalaria, entre otros.
La intervención de los gerentes generales de Indura y Linde, junto con un ejecutivo de Linde, habría sido fundamental para la ejecución de este presunto acuerdo anticompetitivo.
De este modo, la FNE solicitó al tribunal imponer multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a US$ 31,3 millones, es decir, cerca de $30 mil millones.
Claves de la denuncia por colusión en gases industriales y medicinales: Quiénes están involucrados y
Este martes, a través de una declaración pública, la CPC condenó y rechazó la presunta colusión y todo tipo de práctica anticompetitiva que atente contra la libre y leal competencia en los mercados.
“La libre competencia es el motor de la economía, ya que asegura el derecho de todas las empresas y personas a participar en igualdad de condiciones en las actividades económicas, logrando así ofrecer y acceder a productos y servicios que maximicen el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general”. expresó el gremio empresarial.
Es así, que la confederación recalcó que la colusión daña la fe pública, afecta la transparencia en los mercados y perjudica profundamente la confianza entre los actores de la sociedad, los cuales son indispensables para el adecuado funcionamiento de la economía, el emprendimiento y las inversiones. “Este caso tiene una connotación especialmente grave por cuanto no solo afecta a amplios y diversos sectores industriales, sino también al sistema hospitalario chileno en plena pandemia del COVID-19, con todo el daño que ello provoca a las personas y al sistema sanitario del país”, indicó.
Finalmente, la CPC recordó que el país cuenta con una institucionalidad que ha demostrado que funciona adecuadamente frente a casos como este, “llevando a cabo de manera diligente las investigaciones y denuncias correspondientes. En este marco, los responsables deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley“.
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