Nuestro país podría contar con su primer mercado de carbono en los próximos años, luego de que el Gobierno anunciara que buscará que las empresas que deban pagar el impuesto verde, lo compensen financiando proyectos sustentables que beneficien a las comunas donde estén ubicadas.
Así lo planteó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en el marco de las estrategias que el ministerio busca instalar en mira a la hoja de ruta de transformación a la economía circular o a la estrategia de reactivación sustentable.
La jefa de la cartera señaló que en vez de que las empresas se dirijan al fisco con un ánimo “meramente recaudatorio” por el impuesto verde, la idea es que: “estos recursos puedan financiar otros proyectos que disminuyan o capturen emisiones (de CO2), hechos por (…) otros actores que permitan reducir estas emisiones en el mismo territorio donde se generan”.
Esa es la iniciativa que se contempla en la consulta pública que se dará durante esta semana, y que desde el Gobierno esperan que también considere a los contaminantes de vida corta como el material particulado, óxido de nitrógeno o dióxido de azufre.
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Dentro de los requerimientos que se podrían exigir a los contribuyentes, se plantea que los proyectos sustentables que se financien, no sean iniciativas que ya estén programadas, que sean permanentes en el tiempo, medibles y verificables.
Esto último se considera en el contexto de los cambios que el Ministerio del Medio Ambiente instaló a las empresas obligadas a pagar el impuesto verde, pues ahora son aquellas que emitan más de 25 mil toneladas de CO2 al año, o más de 100 toneladas de material particulado anualmente.
Con esto, se incorporan al pago de este impuesto un gran número de empresas pertenecientes a industrias que no contaban con este requisito, como las sementeras, la del vidrio y la siderúrgica.
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