Una nueva querella presentada por Toesca volvió a poner bajo la lupa la toma de control accionario de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile, en una arista vinculada al caso Sartor.
La acción judicial, presentada por Toesca en representación de los fondos de inversión pública Leasing, Táctico y Proyección, apunta a presuntas irregularidades en la estructura financiera que habría permitido a Michael Clark tomar el control de la sociedad anónima que administra al club universitario.
Según la presentación, citada por BioBioChile y La Tercera, los hechos denunciados configurarían un presunto esquema de “negociación incompatible” y “administración desleal”, ejecutado en el marco de la adquisición de la concesionaria. La acción judicial se dirige contra exdirectores de Sartor AGF y diversos vehículos asociados a la operación.
¿Qué acusa la querella?
El libelo sostiene que el control del 63% de Azul Azul, concretado a través del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, no se habría financiado con aportes efectivos de sus partícipes ni con recursos patrimoniales propios.
De acuerdo con la acción judicial, los fondos públicos Fondo Leasing y Fondo Táctico habrían inyectado $7.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo SpA, sociedad que luego habría transferido esos recursos al FIP Tactical Sport para concurrir al pago de la oferta pública de adquisición.
La querella también menciona un financiamiento por cerca de $1.100 millones desde el Fondo Proyección hacia la misma sociedad. El liquidador de Sartor AGF calificó esa estructura como un “financiamiento indirecto” mediante una sociedad por acciones y créditos puente, según recogió La Tercera.
El punto central de la acción es que, de acuerdo con los querellantes, no habría constancia de que los aportantes de los fondos públicos conocieran la operación al momento de otorgarse los créditos.
El rol de Clark y el vínculo con Sartor
La presentación también apunta a un eventual conflicto de interés de Michael Clark, quien al momento de los hechos habría cumplido distintos roles vinculados a la operación: presidente de Azul Azul, director de Sartor e integrante de estructuras relacionadas con la toma de control accionario.
El caso vuelve a tensionar el escenario institucional de Azul Azul, apenas días después del allanamiento realizado por el Ministerio Público en el Centro Deportivo Azul, el domicilio de Clark y otras sociedades ligadas a la investigación del caso Sartor.
Según informó BioBioChile la semana pasada, la diligencia fue autorizada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y se enmarca en la investigación contra la administradora general de fondos Sartor AGF.
La ofensiva judicial también solicita diligencias vinculadas a Marcelo Pesce y Victoriano Cerda, expropietarios de Huachipato, a quienes los querellantes apuntan como parte de la operación que habría permitido concretar el control accionario de Azul Azul.
Desde la concesionaria, su nueva presidenta, Cecilia Pérez, ha buscado marcar distancia entre la institución y las investigaciones que involucran a Clark y al caso Sartor. Tras el allanamiento al CDA, la dirigenta sostuvo que Azul Azul no está siendo investigada directamente a nivel judicial.
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