El ex director de la Administradora General de Fondos Sartor (AGF), quien es actualmente el presidente de Azul Azul, fue castigado por la CMF con una multa de 65.000 UF y la prohibición de ejercer cargos directivos o ejecutivos en el sector financiero.
El presidente de Azul Azul, Michael Clark, está en el centro de una fuerte controversia tras la sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el marco del caso Sartor AGF.
Clark, quien figuraba como ex director de la administradora de fondos, fue sancionado con una multa de 65.000 UF (cerca de $2.500 millones de pesos chilenos) y una inhabilidad temporal de cinco años.
La sanción lo prohíbe de ejercer el cargo de director o ejecutivo principal en entidades reguladas, como bancos, compañías de seguros o administradoras de fondos, debido a graves infracciones a la Ley Única de Fondos y a la Ley de Mercado de Valores.
La CMF determinó que Clark, junto a otros ex directores y ejecutivos de Sartor AGF, incurrió en conductas que privilegiaron el interés de empresas relacionadas con ellos por sobre el de los fondos administrados. Además, fueron sancionados por proporcionar información financiera falsa al mercado y al propio organismo regulador.
La resolución de la CMF fue contundente contra todos los ex directores involucrados, sumando multas por un total de 367.500 UF.
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En el caso de Clark, la inhabilidad temporal de cinco años impacta directamente su capacidad para desempeñarse en el sector financiero regulado, aunque su cargo como presidente del directorio de Universidad de Chile, al ser una sociedad anónima deportiva, no está directamente regulado bajo las mismas normativas que las entidades financieras mencionadas en el Decreto Ley N°3.538.
Los principales cargos contra los ex directores, incluido Clark, se enfocan en la realización de inversiones con recursos de los fondos en entidades ligadas a ellos, “omitiendo reiteradamente las regulaciones” y desviando aportes a financiar empresas relacionadas, “en muchos casos en precaria situación financiera, con deudas impagas y carentes de garantías”.
La CMF, además, aplicó la sanción más drástica a la Administradora General de Fondos: la revocación de su autorización de existencia.
Dada la gravedad de las infracciones, que el regulador calificó como uno de los casos más serios que ha investigado, la CMF anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público. Esta acción abre la posibilidad de que se inicien investigaciones penales en paralelo a las sanciones administrativas ya cursadas.
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