Un total de 167 solicitudes presentará la Defensoría Regional Metropolitana Sur ante el Tribunal de Garantía de Puente Alto, con el fin de que se revisen las medidas cautelares de los internos de la Torre 4 de la cárcel de esa comuna.
Esto luego que se confirmara que cuatro internos de la prisión fueron diagnosticados con el COVID-19, lo que ha motivado diversos llamados a la acción en términos sanitarios.
“Estamos preocupados por lo que ocurre al interior. Es un caldo de cultivo para el contagio de los demás internos. Las condiciones de encierro que existen en ese lugar y los problemas de acceso a la salud de nuestros representados les imposibilita mantener el distanciamiento social”, sostiene Mario Palma, jefe de estudio de la Defensoría Regional Metropolitana Sur.
En concreto, la solicitud refiere sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Palma apunta a “modificar las cautelares de los internos (para que así) puedan cumplir cuarentena de manera adecuada, los que les permitiría tener acceso a salud de manera igualitaria y justa”.
“Son todas personas en calidad de imputado, que gozan de la presunción de inocencia. Deben ser tratados como inocentes y no podemos hacer distinción según el tipo de delito. Estas personas no han recibido una sentencia dictada por un tribunal que los condene por los eventuales delitos por los que están siendo investigados”, añade.
De acuerdo a sus registros, algunos de los casos son “situaciones particulares de personas que están (en la cárcel) por microtráfico o violencia intrafamiliar”.
“La cárcel no es un recinto adecuado para cumplir una cuarentena. La cárcel no es un recinto para cumplir con el distanciamiento social”, enfatiza.
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