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La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) enviaron una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidiéndole que tome acciones contra el oficio que ordena el retorno gradual de los funcionarios públicos al trabajo presencial.
La misiva está firmada por el presidente de la Cchdh, Carlos Margotta, y el presidente de la ANEF, José Pérez, y en ella denuncian lo que consideran como “una grave situación de amenaza del derecho a la vida y a la salud e integridad física y síquica, que afecta a más de 100 mil funcionarios públicos de nuestro país”.
En el texto, las agrupaciones recuerdan que el Gobierno ha señalado que esperan el peak de contagios para fines de abril o principios de mayo, “constituyendo esta medida, por tanto, una grave amenaza”.
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También aseguran que las instrucción de La Moneda contraviene tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia.
A esto, suman el rechazo que han expresado a la medida distintas agrupaciones y gremios, como el Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras, el Consejo Asesor COVID-19 y los parlamentarios de las Comisiones de Salud tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
Bajo estos argumentos, cierran la carta pidiendo a Bachelet que “en uso de sus atribuciones, adopte todas las medidas pertinentes en el marco de sus facultades y competencias, a fin que el Gobierno suspenda en forma inmediata la aplicación de esta medida”.
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