El próximo domingo 4 de septiembre la ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución elaborada por los integrantes de la Convención Constitucional (CC).
En su capítulo X, el texto detalla los diferentes Órganos Autónomos Constitucionales. Entre las distintas entidades, muchas de ellas conocidas, una nueva aparece en escena, la Agencia Nacional de Protección de Datos.
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La propuesta señala que es un órgano autónomo que “velará por la promoción y protección de los datos personales, con facultades de normar, investigar, fiscalizar y sancionar a entidades públicas y privadas”. Sus atribuciones, composición y funciones deberán ser determinas por la ley.
Un largo camino
El ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2010 significó, entre otras cosas, el compromiso de realizar una serie de adecuaciones normativas y modificar ciertos marcos legales, entre ellos el de privacidad y protección de datos.
Desde entonces, las autoridades del país han intentado avanzar en esta materia. En marzo del año 2017 fue ingresado un proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y, justamente, crea una agencia de protección de datos personas.
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El proyecto actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Una de sus principales trabas ha sido la disputa sobre si le corresponde al Consejo para la Transparencia o a una Agencia de Protección de Datos Personales ser la autoridad en materia de protección.
En caso de aprobarse la propuesta constitucional el próximo 4 de septiembre, cesaría la principal disputa mantenida respecto al proyecto de ley, ya que se consagraría constitucionalmente una agencia distinta al Consejo para la Transparencia.
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