Recortar cultura también tiene un costo

Por: Clemencia González Tugas

Encargada del Programa de Arte y Memoria
Dirección de Vinculación con el Medio
Universidad de O’Higgins

Un presupuesto puede ahorrar recursos y hacer perder años de trabajo. Cuando una comunidad deja de contar con apoyo para recuperar sus memorias o sostener un espacio de creación, lo que se arriesga incluye relaciones de confianza, conocimientos y formas de participar en la vida colectiva. Ese costo también debe discutirse al decidir dónde recortar.

La propuesta de Presupuesto 2027 para Cultura obliga a poner esta pregunta sobre la mesa: ¿qué estamos dispuestos a debilitar para cumplir una meta de ahorro?

El proyecto contempla una reducción del 10,1% en los recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio respecto de la base ajustada de 2026. Sin embargo, el ajuste no se distribuye de manera uniforme: las iniciativas de inversión cultural enfrentarían una disminución del 64,8% y el Fondo del Patrimonio Cultural, del 45,3%.

Los recursos públicos son limitados y su uso debe ser responsable. Precisamente por eso, la discusión exige explicar qué criterios orientan estos ajustes y cómo se resguardarán los procesos culturales que dependen de ellos.

Una parte importante del debate sigue entendiendo la cultura como una oferta de espectáculos, exposiciones o festivales a los que las personas pueden asistir. Desde esa perspectiva, el éxito suele medirse por la cantidad de actividades realizadas o de público convocado. Son indicadores necesarios, pero nos dicen poco sobre lo que ocurre a partir de esas experiencias.

Un archivo comunitario, por ejemplo, puede reunir a un grupo pequeño y, sin embargo, recuperar memorias dispersas, propiciar encuentros entre generaciones y abrir preguntas sobre la historia de una localidad. Su valor también reside en las relaciones y los conocimientos que se construyen durante el proceso.

Garantizar el acceso a la cultura es indispensable, pero no equivale necesariamente a fortalecer la participación cultural. Además de llevar actividades a los territorios, importa que sus habitantes puedan decidir qué memorias preservar, qué expresiones consideran significativas y cómo desean compartirlas. Que tengan capacidad de intervenir en su vida cultural.

Esta dimensión resulta especialmente relevante en regiones, donde muchas iniciativas dependen de financiamientos de corta duración. Se financia una exposición, un encuentro o una investigación, pero no siempre existen recursos para sostener el trabajo que esos proyectos abren. Cuando un proceso con una comunidad se interrumpe, recuperar el financiamiento al año siguiente puede ser insuficiente: las confianzas ya se han debilitado, los equipos ya se han dispersado y las colaboraciones han perdido continuidad.

Por eso, la discusión presupuestaria debería incorporar una evaluación de los efectos territoriales de los ajustes propuestos. Junto con precisar cuánto se ahorrará, necesitamos saber qué iniciativas podrían verse afectadas y cuál es su impacto real, qué capacidades están en riesgo y qué medidas permitirían resguardarlas. La eficiencia del gasto público exige considerar también el costo de desarmar lo que después habrá que reconstruir.

En una sociedad cuya convivencia enfrenta tensiones, la cultura puede ofrecer espacios para encontrarnos con otros, reconocer memorias distintas y construir sentidos compartidos. Ese aporte requiere condiciones: participación, tiempo y, sobre todo, capacidad de sostener el trabajo. No ocurre automáticamente por organizar una actividad.

La propuesta presupuestaria debe discutirse también desde esas condiciones. Reducir recursos sin hacer explícitos sus efectos puede trasladar el costo del ajuste a comunidades que han tardado años en construir espacios de encuentro y colaboración.

La responsabilidad fiscal debe considerar aquello que permite preservar. Porque una política cultural continúa en las relaciones, los conocimientos y las posibilidades de actuar juntos que permanecen cuando una actividad termina. Debilitar esa capacidad también tiene un costo público, aunque no aparezca en la planilla del ahorro.