Columna Jorge Jaraquemada: Premiar la inercia

En diciembre, Gabriel Boric recibió una remuneración que bordeó los diez millones de pesos. Nada ilegal, nada clandestino, simplemente percibió —como ocurre cada año para miles de funcionarios públicos— el bono asociado al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Y sí, es probable que todos los presidentes desde su creación hayan recibido el mismo beneficio. Pero ese no es el punto. Las preguntas son: ¿si tiene sentido que el mandatario perciba este bono? ¿Y que los PMG existan tal como están diseñados?

El oficialismo ha estribado la situación en una explicación reglamentaria: «está en la ley». Pero la política pública no se evalúa con un simple «así ha sido siempre». La ley explica la legalidad, no la legitimidad ni el buen juicio institucional. Y cuando una norma desemboca en situaciones que irritan el sentido común, corresponde revisarla, especialmente si involucra recursos públicos y a figuras de alta autoridad.

Los PMG nacieron con una intención loable: incentivar una mejor administración estatal mediante metas medibles, monitoreo y una cultura de resultados. Sin embargo, casi tres décadas de experiencia permiten afirmar que el instrumento se ha degradado. Hoy, en la mayoría de los servicios, el PMG se ha convertido en una burocracia autorreferente con metas triviales, indicadores que miden procesos y no impacto, y cumplimiento cercano al 100% año tras año, independientemente de la percepción ciudadana o del desempeño real del servicio.

Si un mecanismo tan discutido, que en múltiples informes ha sido calificado como débil, irrelevante o ficticio en su capacidad de transformar la gestión pública, termina engrosando el salario del presidente, surge una paradoja. Los PMG fueron pensados para jefaturas administrativas, no para autoridades políticas. Premian la ejecución de tareas burocráticas, no el liderazgo ni la conducción de políticas públicas, menos aún la responsabilidad constitucional de un jefe de Estado.

Un presidente no mejora su desempeño porque una planilla le prometa un bono. Sus incentivos son otros: conducir el país, rendir cuentas ante la ciudadanía, responder por los resultados globales de su gobierno, proteger el Estado de Derecho y procurar el bien común. Ninguna de estas dimensiones forma parte de los indicadores del PMG.

Pero la discusión no termina en la impropiedad conceptual. También hay un componente simbólico. En un país con listas de espera crónicas en salud, SLEP en desorden, cuentas fiscales que no calzan, estancamiento económico, irregularidades por doquier, delincuencia pugnaz y servicios públicos con índices de satisfacción deplorables, resulta difícil explicar por qué la máxima autoridad del país recibe un bono por «mejorar la gestión». ¿Qué está siendo premiado? ¿Acaso el retraso en proyectos económicos clave? ¿El crimen desbordado? ¿Las irregularidades en Gendarmería o el caso Convenios?

Cuando la estructura de incentivos está tan distorsionada que un presidente recibe el mismo tipo de bonificación que un servicio público con metas administrativas, queda claro que el sistema requiere una revisión profunda. El PMG no ha logrado profesionalizar el aparato público ni mejorar el desempeño efectivo del Estado. Y, en particular, es incongruente que opere como componente de la remuneración presidencial.

Eliminar el PMG para altas autoridades sería una señal de austeridad y una muestra de coherencia institucional. Quien lidera el país no necesita bonos para gobernar mejor. Necesita agencias robustas, equipos competentes, prioridades claras y una administración pública alineada con resultados reales.

La respuesta del Gobierno barrunta la incomodidad del episodio. Se limitaron a decir que «la ley lo establece», como si ésta fuera una excusa suficiente. Pero gobernar también es preguntarse si lo que la legislación permite sigue teniendo sentido. Porque si hay algo que esta controversia dejó claro es que el Estado, una vez más, opera con inercias que nadie se atreve a revisar. Inercias que normalizan prácticas que no agregan valor, que no mejoran la gestión y que, en este caso, solo sirven para aumentar una remuneración que no necesita estímulos.

Los bonos PMG no harán que un presidente gobierne mejor. Pero sí nos recuerdan que, detrás de cada mecanismo en apariencia técnico, hay decisiones políticas sobre cómo entendemos la responsabilidad pública. Y esa discusión, tarde o temprano, habrá que tenerla.

Jorge Jaraquemada R.

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán