Columna de Jorge Jaraquemada | Fragmentación política: ¿administrar o reformar?

Pocas veces existe tanta coincidencia respecto de un problema político y, al mismo tiempo, tanta dificultad para resolverlo. Hace años sabemos que nuestro sistema político está excesivamente fragmentado. Lo dicen dirigentes, académicos y centros de estudios; y lo comprueba cualquier gobierno cuando intenta reunir una mayoría estable en el Congreso. El diagnóstico no está en discusión. La pregunta es qué estamos dispuestos a hacer.

El Gobierno decidió reactivar el proyecto de reforma al sistema político presentado por la administración anterior. La iniciativa eleva los requisitos para constituir partidos, endurece las condiciones para las candidaturas independientes, modifica aspectos de su financiamiento y fortalece los comités parlamentarios. Todo ello ordena un sistema que necesita mayor disciplina; pero ordenar la fragmentación no es lo mismo que reducirla.

En los últimos años ha habido coincidencia en reformas estructurales. La Comisión Experta del segundo proceso constitucional acordó establecer un umbral del 5% de los votos nacionales para que un partido pudiera acceder a representación en la Cámara de Diputados y sancionar con la pérdida del escaño a quien renunciara al partido por el cual fue elegido. La idea fue retomada después por una moción transversal de senadores y ha sido defendida, con matices, por diversoscentros de estudios.

 Otros han propuesto complementar ese umbral reduciendo la magnitud de los distritos. Mientras más parlamentarios se eligen en una zona, menos votos se necesitan para obtener un escaño y más fácil resulta que partidos pequeños alcancen representación. En cambio, distritos de menor tamaño elevan esa exigencia y favorecen fuerzas políticas capaces de reunir apoyos más amplios.

La idea no es eliminar la diversidad ni proteger a los partidos grandes. Una democracia necesita pluralismo; pero este y la fragmentación no son lo mismo. Los problemas surgen cuando cada división interna termina en un nuevo partido, cuando un gobierno debe sentar a demasiadas colectividades a la mesa para conseguir una mayoría, o cuando grupos con pocos votos adquieren una capacidad desproporcionada para bloquear acuerdos. En ese punto, la diversidad deja de enriquecer la deliberación y comienza a dificultar la gobernabilidad.

 Por eso sorprende la mesura de las modificaciones que se priorizaron. Endurecer los requisitos para crear partidos puede impedir que surjan algunos nuevos; fortalecer los comités puede ordenar mejor el trabajo de los parlamentarios; y regular a los independientes puede cerrar otras vías de atomización. Son medidas útiles para administrar mejor las consecuencias de la fragmentación, pero no modifican las reglas que la producen. Y allí se está dejando pasar una oportunidad, pues hay propuestas concretas y algo escaso en nuestra política: acuerdos entre sectores que suelen discrepar.

Más aún, el actual Gobierno llegó a La Moneda proponiendo cambios profundos. Su programa planteaba sustituir el sistema proporcional de la Cámara por distritos uninominales y reducir de manera considerable el número de parlamentarios. Frente a ese objetivo inicial, limitarse ahora a perfeccionar el sistema vigente parece poco.

Es comprensible que La Moneda haya preferido un proyecto que está avanzado y con posibilidades ciertas de aprobación, pero el pragmatismo no debería implicar resignación. Chile necesita reglas que favorezcan partidos capaces de representar a sectores amplios de la sociedad, construir acuerdos y responder ante los ciudadanos por sus decisiones.

El Gobierno tiene una oportunidad poco habitual. Puede aprovechar un diagnóstico compartido y acuerdos ya construidos para abordar una debilidad de nuestro sistema político. Si se conforma con administrar mejor la fragmentación, probablemente tendremos partidos más ordenados y un Congreso más disciplinado. Pero el problema de fondo seguirá intacto.

Jorge Jaraquemada R.

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán