Columna de Guillermo Bustamante | Fact-checking y democracia: una metodología para auditar el discurso público

En tiempos de desinformación y alta exposición política, la verificación de hechos no solo cumple una función periodística: también ofrece un marco metodológico para evaluar promesas, balances de gestión y afirmaciones públicas con criterios verificables, transparentes y democráticos.

El fact-checking es la verificación rigurosa del contenido que circula a través de plataformas de redes sociales y de la esfera pública. Esta práctica ha cobrado especial relevancia en el último tiempo debido al aumento de la circulación de contenido falso, engañoso o que no se ajusta a la mejor evidencia disponible; es decir, de aquello que hoy conocemos como desinformación en contextos democráticos.

La calidad de la información que circula en la esfera pública incide directamente en la capacidad de la ciudadanía para deliberar y tomar decisiones de manera informada. Por eso, contar con espacios que permitan auditar el debate público, especialmente en contextos de campaña y de alta polarización política, contribuye a elevar la calidad de la discusión democrática y, en definitiva, a fortalecer la sociedad en la que habitamos.

En contextos como una cuenta pública o un discurso político de alta exposición, el fact-checking cobra especial importancia. Es en esos momentos donde las autoridades realizan balances de gestión, anuncian logros, formulan promesas y trazan rutas sobre el destino de un país. En ese marco, la verificación permite establecer si las promesas se han cumplido, cuál es su nivel de avance y qué tan plausibles son las proyecciones futuras anunciadas.

Ahora bien, el fact-checking no consiste solo en contrastar frases sueltas: es una técnica sustentada en una metodología que exige pasos rigurosos. Su punto de partida es la identificación de afirmaciones comprobables. Esto significa que no todo puede ser verificado: las opiniones, por ejemplo, no son objeto de chequeo. Para que una afirmación pueda verificarse, debe existir un dato, un registro o una fuente que permita contrastar su veracidad.

En este sentido, es posible distinguir varias categorías. Un contenido será considerado verdadero cuando todas las afirmaciones que contiene cuentan con respaldo suficiente en datos verificables y fuentes oficiales. Estas fuentes pueden incluir bases de datos ministeriales, reportes de gestión, documentos administrativos, reglamentos, proyectos de ley y otros registros públicos disponibles de manera abierta. La verificación, por tanto, descansa en una búsqueda exhaustiva y en una lectura rigurosa de documentación pública.

Un contenido será considerado impreciso cuando los datos difundidos no se ajustan a la mejor evidencia disponible, cuando omiten información relevante, no entregan fechas exactas o presentan cifras aproximadas sin la debida contextualización. Este tipo de contenido afecta la credibilidad del discurso público, porque comunica logros o diagnósticos de manera superficial y poco rigurosa.

Por su parte, un contenido será considerado engañoso cuando no exista sustento comprobable suficiente para afirmar su veracidad, pero aun así se presente como verdadero. Este es, probablemente, uno de los tipos de contenido más riesgosos, porque introduce incertidumbre, distorsiona la discusión pública y puede desviar la atención respecto de los elementos centrales de una cuenta pública. Las exageraciones y las formulaciones orientadas a desacreditar mañosamente a actores políticos suelen ubicarse en esta categoría.

Finalmente, existen contenidos no chequeables o inverificables. Se trata de afirmaciones cuya naturaleza impide establecer si son verdaderas o falsas con la evidencia disponible. Habitualmente corresponden a proyecciones futuras, escenarios esperados o promesas que aún no cuentan con suficiente sustento documental. Sin embargo, no toda promesa futura es automáticamente inverificable: si existe respaldo en proyectos de ley, iniciativas presidenciales, planes ministeriales u otros documentos oficiales, entonces sí puede ser contrastada metodológicamente.

En el caso de una primera cuenta pública presidencial, es esperable que una parte importante de los anuncios corresponda a promesas y proyecciones. Eso no significa, sin embargo, que todos esos contenidos queden fuera del escrutinio. Muchas de esas afirmaciones pueden contrastarse con iniciativas ya en curso, documentos programáticos, proyectos legislativos o planes sectoriales que permitan evaluar su consistencia y viabilidad.

Por lo mismo, el fact-checking no solo opera como una herramienta periodística, sino también como una práctica de auditoría ciudadana sobre el discurso público. Su valor metodológico radica en que establece criterios claros, verificables y transparentes para calificar afirmaciones de interés público. En esa medida, contribuye de manera sustantiva al fortalecimiento de la democracia.