La pugna legal entre BancoEstado y Banco Santander por el cobro de tarifas en transferencias electrónicas se encuentra paralizada en el 8° Juzgado Civil de Santiago.
Según lo informado por Radio Biobío, la causa, que involucra $33.245.640.049, enfrenta un estancamiento procesal gatillado tanto por recursos de la defensa como por la reciente inhabilitación de la jueza titular, Isabel Eyzaguirre Flores, quien se declaró incompetente al ser clienta de ambas entidades financieras.
El conflicto civil se originó por un contrato firmado hace 30 años. La firma estatal exige el pago de una tarifa de 0,01 UF por cada transferencia hacia sus cuentas. Para justificar este cobro, la demandante introdujo el concepto de costo de liquidación de efectivo, argumentando que su infraestructura en zonas extremas y la red CajaVecina operan como corresponsalía para la banca privada.
Según los antecedentes, el traslado de valores y la gestión de dinero físico en localidades remotas implican costos operativos reales que la institución pública debe asumir para que los usuarios de su competidor dispongan de los fondos.
En la contraparte, la defensa de Santander busca suspender las acciones civiles mediante el recurso de “litispendencia por conexidad”. La entidad privada sostiene que el tribunal no puede dictar sentencia mientras el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) no resuelva una causa paralela sobre el mismo esquema tarifario. La tesis de la firma privada plantea que un fallo del TDLC que declare abusiva la tarifa generaría una “cosa juzgada refleja”, anulando la millonaria demanda. Desde la vereda estatal, acusaron a su contendiente de intentar “instrumentalizar” la justicia para dilatar sus obligaciones.
A las discrepancias de fondo se sumó la salida de la magistrada en marzo de 2026. Al poseer una CuentaRUT y una cuenta en la firma privada, la jueza argumentó un conflicto de interés que derivó en la rotación de subrogantes, dificultando el avance de un expediente con más de 60 folios de incidentes.
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