La única ley que actualmente sanciona a quienes cometen crímenes digitales, data de 1993 y posee sólo cuatro artículos que abordan el sabotaje y espionaje informático.
Sin embargo, esta situación podría cambiar pronto, ya que el Ejecutivo está impulsando un proyecto de ley que pueda adecuarse a los estándares de la Convención de Budapest, firmada en 2001 y que busca establecer regulaciones generales para esta clase de delitos.
De esta forma, eventualmente podrían ser ilegales conductas como captar y difundir información visual y sonora sin consentimiento, producir programas o dispositivos para cometer delitos, difundir información de un sistema informático, manipular claves confidenciales, entre otros.
Para profundizar en este tema conversamos con Romina Garrido, directora ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos.
Vea parte de la entrevista en el video adjunto.
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