El Gobierno y los parlamentarios oficialistas lograron un acuerdo para destrabar la iniciativa.
La diputada reconoció los avances de la mesa de negociación para mejorar el proyecto.
Se aprobó sancionar penalmente a sostenedores que lucren con recursos públicos.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.