Desde el Gobierno calificaron la paralización de los funcionarios como "ilegal e injustificada".
Los funcionarios movilizados piden al Gobierno levantar una mesa de trabajo.
El gobierno no negociará mientras se mantenga la movilización.
Se mantiene tenso la relación entre funcionarios y el Registro Civil.
La medida se mantendrá hasta cinco días hábiles después de que se retomen las atenciones.
A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.