La actividad contó con la presencia de diversos mandatarios de la región.
Chile es el primer usuario de América Latina y el tercero a nivel mundial.
El proyecto debía terminar en octubre de 2014 y está avaluado en $3.200 millones de dólares.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.