La ministra vocera señaló que la opción está en análisis según “recursos disponibles y necesidades concretas”, tras Peticiones del Partido Comunista que buscan un gesto similar al de México en apoyo a la población civil cubana.
La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), afirmó este miércoles que el Ejecutivo de Gabriel Boric está evaluando la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a Cuba, en el contexto de la intensificación del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.
La declaración de la vocera se produce luego de que el Partido Comunista (PC) y diversas figuras de esa colectividad emplazaran al Gobierno a destinar recursos dirigidos a la población civil cubana, siguiendo el ejemplo de la administración de Claudia Sheinbaum en México, que anunció el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria al país caribeño.
En diálogo con radio ADN, Vallejo explicó que la evaluación de la ayuda se realiza “en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda” y destacó que, históricamente, Chile ha acudido en apoyo de otros pueblos frente a situaciones de guerra, invasiones o bloqueos económicos que afectan a la población.
La ministra también calificó de “positivo y necesario” el gesto de México y sostuvo que Chile está considerando opciones similares, pero no entregó plazos ni detalles concretos sobre montos o logística.
La discusión se da en un contexto de presión política interna. El senador Daniel Núñez (PC) recordó en redes sociales la asistencia brindada por Cuba a Chile tras el terremoto y tsunami de 2010, y llamó a que el país “devuelva la mano” con ayuda humanitaria.
Por su parte, otros parlamentarios del PC han cuestionado con dureza el bloqueo y han instado a una postura más activa del Ejecutivo en apoyo a la población cubana, calificando la situación como una emergencia humanitaria.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
