Los diputados Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida calificaron como “absurdas” las explicaciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tras la difusión de un video grabado por internos de Santiago 1. Acusaron deficiencias en los inhibidores de señal y pidieron una auditoría independiente del sistema.
Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticaron con dureza las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sobre la presencia de teléfonos celulares en las cárceles, calificando sus explicaciones como “absurdas” y exigiendo al Gobierno reconocer las deficiencias en el sistema de inhibidores de señal.
Las críticas surgieron tras la difusión de un video grabado por internos de la Cárcel Santiago 1, donde se observa a reclusos intentando incendiar la celda de los imputados por el homicidio de un niño de 12 años en Recoleta. El registro reabrió el debate sobre el control de los dispositivos móviles en los penales.
Consultado por el caso, Cordero defendió la estrategia gubernamental, afirmando que la instalación de inhibidores “tiene ciertas características estratégicas desde el punto de vista de cómo se controla la cárcel”. Además, sostuvo que, en algunos casos, la circulación de información “puede tener fines investigativos” o “propósitos públicos asociados”.
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Las declaraciones fueron cuestionadas por los diputados Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida, quienes aseguraron que “en ningún momento el Gobierno dijo que algunos celulares sí iban a funcionar por motivo de alguna investigación penal”.
“Es absolutamente sorprendente cómo el ministro de Seguridad Pública siempre trata de acomodar las situaciones a su conveniencia, en lugar de asumir las falencias que ha tenido este proceso implementado bajo su gestión”, señaló Donoso. A su juicio, la reiterada aparición de videos y llamadas desde las cárceles demuestra que el sistema “no está funcionando como se prometió”.
Los parlamentarios recordaron además que la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la implementación del programa. El informe, publicado en marzo tras una solicitud presentada por diputados UDI, reveló que en varios penales el servicio de inhibición no operaba correctamente durante ciertos días y horarios, e incluso se constató la conexión de algunos dispositivos a redes WiFi.
“Cada vez que se revelan estos hechos, en vez de reconocer el problema y enfrentarlo como corresponde, el ministro Cordero insiste en justificar lo injustificable”, agregaron los legisladores, quienes pidieron una revisión completa del sistema y una evaluación independiente de su funcionamiento.
Finalmente, advirtieron que, de no haber cambios, “el Gobierno corre el riesgo de terminar su mandato insistiendo en que mantiene el control de las cárceles, cuando la realidad demuestra lo contrario”.
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