El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó este viernes la reclamación del diputado Ricardo Celis (PPD) y ratificó la decisión del Servel de dejarlo fuera de las próximas elecciones parlamentarias del 21 de noviembre.
A comienzos de septiembre, el Servel rechazó más de 200 candidaturas al Parlamento y, en el caso de Celis, fue impugnada debido a que presentó de forma “errónea” los documentos requeridos por el organismo para abrir una cuenta bancaria a su nombre, donde debía recibir los aportes a su campaña electoral.
El parlamentario apeló a la resolución, sin embargo, en fallo dividido, los ministros del Tricel estimaron que el parlamentario no pudo desvirtuar la errónea presentación.
Una vez conocida la determinación, Celis expresó que “la decisión del Tricel de no aceptar mi apelación para que represente a los ciudadanos en el Distrito 23 como diputado se convierte en un crimen político, toda vez que no se aseguran los derechos políticos y civiles que tenemos las personas”.
“Aquí se ha hecho prevalecer una cuestión meramente administrativa, que tiene que ver con un papel que autoriza al Servel a abrir una cuenta a mi nombre, que no se habría subido, y lo homologa al derecho constitucional y a los convenios y tratados internacionales donde lo central es hacer valer nuestros DD.HH. y los derechos políticos y civiles de las personas”, añadió.
Por su parte, el PPD emitió una declaración en la que sostuvo que “haremos la presentación a las instancias correspondientes, insistiendo en que aquí existe un problema de forma y no de fondo. El tribunal ha hecho una interpretación respecto del legítimo derecho del diputado Celis de ser candidato a una elección popular y que está consagrado en tratados internacionales suscritos por Chile”.
“Estamos seguros que los antecedentes fueron subidos a la plataforma de inscripciones en tiempo y forma, y confiamos en poder revertir esta situación, mediante los mecanismos que la ley nos otorga”, sostuvieron.
Finalmente, señalaron que “el PPD ha actuado de buena fe, y un error de procedimiento de esta naturaleza no debiera impedir el ejercicio de garantías fundamentales que tiene todo ciudadano y ciudadana para representar a su electorado. Esperamos revertir dicha decisión en las instancias que la Constitución nos faculta”.
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