Esta jornada, diputados de Renovación Nacional ingresaron una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.
Esto en el marco de la polémica por el otorgamiento irregular de pensiones de gracia, a personas consideradas víctimas del estallido social.
En el documento de 10 páginas, al que tuvo acceso La Tercera, se expresa: “Venimos en formular la presente denuncia por los hechos que se detallan, los que configurarían los delitos de prevaricación administrativa y fraude al fisco, previstos y sancionados en los artículos 228 y 239 del Código Penal, respectivamente, solicitando al Sr. Fiscal disponer el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos y perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en ellos“.
Con todo, los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper advierten que “todos los hitos de concesión de las pensiones de gracia a los supuestos afectados en el marco del ‘estallido social’ adolecen de negligencias manifiestas, potencialmente fraudulentas y que han significado el acceso a beneficios fiscales a personas que no debían ser asignatarias de estos. Esto ha supuesto un enorme detrimento del Erario Fiscal”.
Asimismo, agregan que “en la cadena de acontecimientos que posibilitó la concesión de las pensiones intervinieron múltiples funcionarios públicos, efectuando actuaciones y dictando resoluciones o actos administrativos que adolecen de vicios ya estimados en su legalidad por la Contraloría General de la República“.
De acuerdo a los parlamentarios, se configuraría el delito de prevaricación, dado que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, confeccionó informes “abiertamente contradictorios o insuficientes”, con lo que justificó la asignación de las pensiones de gracia ante la Subsecretaría del Interior y del propio presidente, “produciéndose así una resolución manifiestamente injusta en el asunto administrativo que requirió su intervención”.
Respecto al fraude, aseguran que existieron “una serie de actuaciones manifiestamente negligentes y deficitarias que permitieron el acceso a prestaciones financiadas con recursos fiscales, las que, en derecho, no debían haber sido otorgadas”.
Estos puntos fueron puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, donde los legisladores también solicitaron emprender acciones.
Fiscalía no ha identificado situaciones constitutivas de delito
La polémica no solo alertó a congresistas, sino que también a las autoridades del Ministerio Público. De acuerdo a fuentes del consignado medio, se evalúa el informe de Contraloría como un insumo que da cuenta de irregularidades administrativas.
Sin embargo, sostienen que se requiere de un análisis más acabado y considerando que ya recepcionaron la denuncia de RN sobre la materia, ahora se ultiman los detalles para dar curso a las pesquisas.
Por ahora, el Ministerio Público no ha identificado una situación que eventualmente pueda ser constitutiva de delito. De todas maneras, revisarán si hay antecedentes que pudieran ser falseados en medio de la postulación al beneficio, y si, finalmente, hubo otorgamientos irregulares.
Para la administración de Valencia, el asunto es de la máxima “relevancia” y está siendo monitoreado continuamente. Incluso, antes de recibir la denuncia de RN, el máximo persecutor había pedido un informe sobre el caso para definir las acciones a seguir.
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