La Corte Suprema condenó al fisco a pagar una indemnización de $130 millones por concepto de daño moral a un matrimonio que fue detenido, junto a una hija lactante, y sometido a torturas en la Comisaría de San Vicente de Tagua Tagua, en septiembre de 1973.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal adoptó la decisión bajo el argumento de que es deber del Estado cumplir con las normas sobre derechos humanos, enfatizando que es obligación de los órganos estatales el respetar y promover estos derechos.
“Se confirma con declaración la sentencia apelada, se acoge la demanda y, en consecuencia, se condena al Fisco de a pagar la suma de $50 millones a don Víctor Ruz y a doña María Valencia; y la suma de $30 millones respecto de doña Camila Ruz Valencia”, señala el fallo.
En esta línea, el máximo tribunal estableció que “los jueces del grado incurrieron en un error de derecho al momento de acoger la excepción de cosa juzgada de la demanda civil incoada en contra del Estado, yerro que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, de suerte tal que el recurso de casación en el fondo será acogido”.
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