Este jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó sobreseer a los ministros de la Corte de Apelaciones de la capital del país y a una ministra de la Corte Suprema, que han sido investigados por el delito de prevaricación judicial.
De la Corte de Apelaciones, los indagados en calidad de imputados son Guillermo de la Barra, Miguel Vásquez, María Soledad Melo, Jéssica González, Marisol Rojas, Mireya López, Jaime Balmaceda, Alejandro Riveros, Paola Plaza, Dobra Lusic, María Rosa Kistteiner, Lilian Leyton, Jenny Book, Gloria Solis, Elsa Barrientos, Inelie Durán, Alberto Amiot, Rafael Andrade, Juan Carlos Silva Opazo y Adelita Revanalaes, esta última de la Corte Suprema.
El delito de prevaricación solo puede ser cometido por una autoridad o funcionario público. Consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
Según consignó Biobio Chile, el origen de los hechos fue la querella presentada por el abogado Fernando Leal para investigar a un grupo de magistrados que, sin mediar apelación de por medio, suspendieron una decisión del juez Daniel Urrutia, quien en marzo del año pasado determinó modificar las medidas cautelares de 13 jóvenes en prisión preventiva acusados de formar parte de la llamada “primera línea” en manifestaciones del estallido social.
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A esto se suma el caso del fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, quien habría solicitado acceder al tráfico de llamadas y correos electrónicos de la ministra Dobra Lusic.
En cuanto al sobreseimiento que solicitó la Defensoría Penal Pública en representación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, el citado medio agregó que el abogado Leal detalló que se desecharon los argumentos que acusaban una doble persecución y que la querellante no era legitimaria activa de la acción.
Según el juez Urrutia, la ministra Lasic fue quien “provocó el Pleno y lo convocó en la praxis, refiriendo un relato del otrora presidente del tribunal Guillermo Crisosto en una conversación telefónica del mismo día 25 de marzo”.
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