El organismo exigió la entrega inmediata de informes técnicos y auditorías internas, ordenó la adopción de medidas extraordinarias de seguridad y otorgó un plazo de 12 horas para reportar las acciones adoptadas.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) anunció este viernes una serie de medidas urgentes contra Codelco luego de que el directorio de la estatal informara sobre “graves inconsistencias y ocultamientos” en la información técnica relacionada con el estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en la División El Teniente.
El informe fue emitido tras una revisión impulsada tras la tragedia que dejó a 6 personas fallecidas tras un derrumbe en la misma mina a mediados del año 2025.
A través de un comunicado, la autoridad minera indicó que actuará de oficio y solicitó la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa revisada en la sesión extraordinaria del directorio.
Entre los antecedentes requeridos se encuentran el Informe de Consultoría Internacional y los resultados de la Auditoría Interna que derivaron en la salida de tres altos ejecutivos.
Además, Sernageomin instruyó a la compañía a implementar medidas extraordinarias para resguardar la vida e integridad de los trabajadores y asegurar la estabilidad de las instalaciones.
Por lo que Codelco deberá informar detalladamente las acciones adoptadas en un plazo máximo de 12 horas desde la notificación y actualizar ese reporte cada cinco días.
En paralelo, el organismo fiscalizador solicitó un informe técnico específico que precise las inconsistencias detectadas, incluyendo qué datos habrían sido omitidos o alterados y cómo estas eventuales irregularidades impactan el modelo de riesgo de la faena, conforme a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera.
“Se exige especificar qué datos fueron omitidos o alterados y de qué manera estos afectan el actual modelo de riesgo de la faena, conforme a las obligaciones de seguridad minera vigentes”, aseguran en una misiva pública.
Finalmente, Sernageomin subrayó que la transparencia y veracidad de la información entregada por las compañías es un elemento clave para el ejercicio de su labor fiscalizadora.
A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.
