Autoridades anunciaron la puesta en marcha del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, uno de los entes que reemplaza al Servicio Nacional de Menores (Sename).
Este se caracteriza por contar con una metodología descentralizada, completamente enfocada en atender a menores de edad que hayan infringido la ley.
“Tiene no sólo una simple pretensión de cambio institucional“, comenzó explicando el ministro de Justicia, Luis Cordero, durante el anuncio público. “Ante todo, es un cambio en modelo de gestión pública en materia de reinserción. Supone descansar sobre una política intersectorial“, añadió.
La legislación busca establecer una nueva institucionalidad y un nuevo procedimiento para la aplicación de sanciones penales a los menores de edad. En lo respectivo al sistema de justicia, hizo énfasis en que implica “alta especialización, sobre todo por parte de jueces, fiscales y defensores”.
En la misma línea, crea una Comisión Coordinadora Nacional de Reinserción Social Juvenil, presidida por el subsecretario de Justicia, cuya función será revisar periódicamente el funcionamiento del sistema de ejecución de justicia juvenil.
La Ley N° 21.527, cuyo proyecto inició en 2017, fue publicada el pasado 12 de enero en el Diario Oficial. Además de contemplar la creación de este nuevo organismo, modifica la Ley Orgánica del SENAME y la Ley sobre Responsabilidad Penal de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. Su instalación completa como sistema está fijada para el año 2026.
Rachid Alay, director subrogante del Servicio Nacional de Menores, afirmó que el antiguo organismo “quedará en la historia como un servicio que, en algún momento, fue el que se encargó de dar y acoger a los jóvenes que tenían algún tipo de vulneración. Y a partir de 2005, (tuvo) problemas y conflictos con la ley”.
Rocío Faúndez, directora implementadora del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, aclaró que “el cambio de servicio tiene que ver con estructura, pero también con poner al centro la intervención y la gestión de casos“, haciendo hincapié en que contará con una nueva mirada del cuidado integral de los niños y adolescentes que lleguen a sus puertas.
Además de un aumento en las evaluaciones, dotaciones y capacitaciones exigidas para los y las profesionales que quieran trabajar para la comunidad, Faúndez afirmó que los vínculos con actores privados dejarán de ser a través de subvenciones. “Se pasa a un tipo de contrato a través de compras públicas, lo cual debería prevenir muchos problemas que han existido anteriormente”, señaló.
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