Se trataba de fondos enviados por el Mineduc tras las inundaciones que afectaron a la zona centro sur en invierno de 2023. La situación motivó una querella del actual alcalde por el delito de aplicación pública diferente.
Una compleja situación -que afecta a establecimientos educacionales de Curicó– quedó al descubierto durante las últimas horas.
Esto, porque Radio Biobío reveló que más de $800 millones que ingresaron al Departamento de Educación Municipal no se ocuparon en la reparación de colegios, como era su propósito original.
Según el citado medio, la situación se generó a raíz de las inundaciones que afectaron a la zona centro sur durante el invierno de 2023.
Por este motivo, el Ministerio de Educación (Mineduc) dispuso fondo para la reparación de 8 establecimientos afectados por el agua. Esto incluyó la licitación de cada una de las reparaciones y el monto total ascendía a $885.745.616.
Sin embargo, ese dinero nunca se ocupó en la reparación de las escuelas, lo que motivó una querella del actual alcalde de Curicó, George Bordachar, por el delito de aplicación pública diferente.
Luego de una revisión de los gastos municipales, se descubrió que los fondos que estaban destinados a las reparaciones de los establecimientos educacionales fueron usados por administración anterior para otros “gastos generales“, tal como se detalla en la querella.
Los más de $800 millones venían de Fondos de Emergencia Regular y Conservación, correspondientes al 2024 del Ministerio de Educación, por lo que también se debía hacer una rendición de cómo se gastaron, lo que finalmente no se podrá realizar, por lo que se generará una deuda de Curicó con el Estado.
El alcalde, George Bordachar señaló al citado medio que “esta situación quedó en evidencia en el mes de enero del 2025. Me correspondía firmar contratos para mejoramiento y conservación de escuelas de la comuna. Estamos hablando de procedimientos de contratación cerrados, adjudicados y en situación de formalizar la firma de contrato. En esas condiciones, el equipo asesor que instalamos en el Departamento de Educación, se percata que los fondos destinados a esos contratos de obra de mejoramiento y conservación, no estaban disponibles desde el año 2024″.
“La administración anterior lo utilizó indebidamente para pagar otros gastos generales, lo que constituye un delito de aplicación pública diferente, de fondos públicos, con un perjuicio cercano a los 900 millones de pesos, que hoy se traducen en colegios que se llueven por falta de mantenimiento, exponiendo a nuestros alumnos y profesores, si la situación en sí ya es anómala”, añadió.
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